El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) presentó un proyecto de declaración en rechazo a la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional que busca modificar el Régimen de Zona Fría. La iniciativa cuenta actualmente con dictamen por mayoría en las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.
En los fundamentos, la iniciativa presentada por el legislador rechaza la reforma del Ejecutivo Nacional y denuncia que el esquema beneficia al capital concentrado energético mientras quita protecciones económicas a los usuarios residenciales.
En ese marco, los fundamentos de la declaración advierten que la propuesta del gobierno nacional excluye del beneficio a los hogares incorporados en la ampliación del año 2021. El régimen vigente establece, mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, un descuento del 50% en la tarifa plena para la Patagonia, la Puna y Malargüe; 30% para las localidades sumadas en 2021 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis).
Blanco alertó que la "bonificación adicional" prometida por el Ejecutivo —sujeta a la inscripción en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales— quedará bajo la entera discrecionalidad del gobierno, otorgando vía libre para aplicar nuevos tarifazos a la totalidad de los usuarios.
El legislador catalogó como falso el argumento oficial de la "progresividad". "El Gobierno plantea que es injusto que el conjunto de los usuarios subsidie a los habitantes de las zonas frías, pero la reducción del beneficio no bajará los recargos que pagan los usuarios, sino que mantendrá los privilegios de las empresas exportadoras", sentenció.
Asimismo, sostiene que la normativa establece una flagrante contradicción, dado que encarece el servicio para todo el país pero exime totalmente del pago de este recargo a la exportación de gas natural y de Gas Natural Licuado (GNL), beneficiando directamente a las petroleras.
Finalmente, el diputado expresa su desacuerdo con que el proyecto prorrogue hasta el año 2045 los beneficios de la ley nacional 27.191 —de Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables en Argentina— para el sector de energías renovables, otorgando devolución anticipada de IVA, estabilidad fiscal y exenciones arancelarias a mercados transnacionales. "Para el gran capital energético sí hay plata y 'seguridad jurídica', mientras que a los usuarios residenciales se les arrebata todo tipo de protección económica", concluye Blanco.
El proyecto de declaración (18365) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de mayo de 2026.