La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J), presidida por Damián Canuto (PRO-NCN), recibió hoy a autoridades provinciales de la Dirección de Minería, en el marco del proyecto que moderniza el Código procesal de minería, presentado por el Poder Ejecutivo al iniciar el actual período ordinario de sesiones. El proyecto permanecerá en tratamiento en la comisión.
Al referirse a la propuesta en debate, Carlos Portilla -Director provincial de Minería- y Elías Salazar –Director general de Legal de Minería- aclararon que se trata de una actualización y modernización de la normativa vigente -que data de la década del ’70- orientada fundamentalmente a incluir mayores exigencias para la exploración del recurso y a reglamentar aspectos intrínsecos del proceso de concesión.
En ese marco, explicaron que para poder efectivizar las concesiones mineras se fue adoptando, a lo largo de los años, legislación complementaria. “La idea principal es contener en un solo texto normativo toda especificación” en la materia y garantizar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, dijo Portilla.
En similar sentido se pronunció Salazar al sostener que el objetivo es “unificar la legislación vigente, darle mayor celeridad a los trámites y mayor dinamismo” a las inversiones privadas y públicas. A la vez, añadió Salazar, se busca actualizar el cuerpo normativo a las nuevas demandas y los formatos modernos vinculados, por ejemplo, a la digitalización. Ejemplificó por caso que los pedidos de concesión de cantera ingresan por el sistema de Mesa de Entradas digital.
“Con la reforma estamos reforzando exigencias” para obtener la concesión de explotación de minerales en la provincia, aseguró Salazar tras mencionar que en los casos de los cateos, por ejemplo, se requiere denunciar un área y presentar un programa mínimo de trabajo que asegurará que el objetivo final realmente es buscar el mineral y alcanzar su explotación.
Sobre este punto, Portilla sostuvo que la ley vigente “fue bastante permisiva” y bajo ese escenario “el mapa minero de la provincia se ve lleno de solicitudes de cateo” que suelen “pisar grandes áreas de interés por muchos años y dejarlas inamovibles hasta que se conforma la mina”. “Se presta a la especulación” concluyó el funcionario al subrayar que la modificación al Código de Procedimiento Minero busca regular dicha situación al contemplar mayores exigencias de inversión.
Los funcionarios explicaron que el “Código de fondo”, es decir, el Código nacional, establece que los minerales son de dominio originario del Estado y los diferencia en tres categorías según su valor económico: los de primera (preciosos), segunda (industrializables) y tercera (sustancias de naturaleza terrosa que conforman las canteras). El Código nacional establece un tipo de concesión legal sobre los dos primeros, que revisten el carácter de interés público, mientras que los que recaen en la tercera categoría -que son aquellos sobre los cuales la provincia tiene la potestad de administrarlos cuando se ubican en terreno fiscal-, el Estado los concesiona bajo un procedimiento en el que intervienen múltiples organismos, tales como Tierras, Catastro, Registro de la propiedad, Recursos Hídricos, entre otros.
En su intervención, aclararon que se trata de una concesión legal para los minerales de las dos primeras categorías y una administrativa para los de la tercera y especificaron que el Código de procedimiento minero que se pretende modernizar establece pautas para la tramitación de la explotación a través de las correspondientes guías mineras y habilitación ambiental.
En otro tramo de su alocución, vinculado al impacto ambiental de la industria, Portilla aseguró que “la minería no usa prácticamente agua en nuestra provincia” y recordó que en aquellas jurisdicciones que producen minerales con procesos hidrometalúrgicos, el uso del agua no supera el 1% de las fuentes hídricas disponibles.
Al respecto acotó que no se habilita ninguna tarea de exploración sin el correspondiente informe con el estudio de impacto ambiental: “eso está prohibido” enfatizó Portilla, al reparar además en que el informe contempla incluso la metodología para la recomposición de la zona tras la actividad minera.
Neuquén, 1 de julio de 2026.