La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) emitió despacho al proyecto que establece el procedimiento para la implementación de los exámenes toxicológicos en el Poder Legislativo. Para ello analizó dos propuestas, presentadas por la vicepresidenta 1.ª a cargo de la presidencia de la Legislatura, diputada Zulma Reina (Comunidad), y por el diputado Claudio Domínguez (MPN). Tras el debate, la comisión resolvió avanzar sobre la iniciativa presentada por Domínguez, incorporando algunos de los aportes realizados durante el tratamiento.
El despacho fue aprobado por mayoría, con el voto positivo de los bloques de Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, JxC y Juntos. En contra votó el diputado César Parra, de la banca de izquierda.
El tratamiento en la comisión respondió a que la implementación de los exámenes toxicológicos para diputados y diputadas debe instrumentarse mediante una resolución de Cámara. En ese marco, la Presidencia de la Legislatura no tiene facultades para regular aspectos que alcanzan al cuerpo legislativo, por lo que corresponde que sean los propios legisladores quienes definan el procedimiento y su aplicación.
Al presentar la iniciativa, Domínguez señaló que el procedimiento debe ser “fácil, ágil, dinámico, in situ, sorpresivo y aleatorio”. Explicó que el operativo abarcará a los 35 diputados y diputadas y se realizará en forma bimestral, previo a las sesiones de Cámara y a las reuniones de comisión. El área de Medicina Laboral coordinará la intervención técnica, con el soporte administrativo e institucional de la Secretaría de Cámara.
Su par de bloque, Gerardo Gutiérrez, planteó la necesidad de que la redacción final refiera no solo al período ordinario legislativo -del 1ro de marzo al 15 de diciembre- sino a todo el año, al señalar que “somos diputados los 365 días del año”. La sugerencia derivó en un intercambio de opiniones sobre la operatividad del sistema. Desde distintos bloques insistieron en que los controles deben realizarse “in situ”, sin previo aviso y no en un laboratorio externo. Finalmente, la propuesta incorporó también la realización de exámenes antes de las sesiones extraordinarias y preparatorias.
Según indicó Domínguez, cada legislador se someterá a un examen toxicológico al menos una vez por bimestre, por lo que se trata de “un control periódico y permanente” sobre las condiciones para el ejercicio de la función legislativa. El diputado sostuvo que el procedimiento prevé una frecuencia de controles superior a la establecida para el Poder Ejecutivo.
Sobre este punto, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) reparó en que la reglamentación vigente para el Poder Ejecutivo “es contraria” a la ley, al sostener que la norma establece que los controles deben realizarse en el lugar de trabajo de la persona sorteada para el examen, por lo que consideró necesario revisarla.
Desde JxC, César Gass ponderó la necesidad de aprobar el protocolo para garantizar que los legisladores se encuentren en condiciones físicas y biológicas de sancionar leyes. Además, pidió avanzar en otras iniciativas que, según consideró, fortalecen la transparencia en la función pública, como el proyecto sobre declaraciones patrimoniales juradas.
A su turno, César Parra, de la banca de izquierda, se pronunció en contra al cuestionar que la ley de controles toxicológicos a funcionarios públicos no contribuye ni a la lucha contra el narcotráfico ni a generar políticas de contención frente a las adicciones. “De hecho, estas propuestas las penalizan”, sostuvo al fundamentar su voto negativo.
Neuquén, 30 de julio de 2026.