La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) comenzó a analizar un proyecto de ley para que las iniciativas que presenten los diputados y diputadas y que tengan una afectación presupuestaria estén acompañadas de la estimación del costo de la medida.
El proyecto, impulsado por la diputada Cielubi Obreque (MPN) y el diputado Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria), apunta a que toda propuesta con impacto presupuestario incorpore una estimación de su costo fiscal antes de ingresar al debate legislativo, con el objetivo de brindar mayor transparencia y más información al momento de analizarlos..
Durante el debate, hubo coincidencias en la importancia de mejorar la calidad de la información disponible para el tratamiento de las iniciativas, aunque surgieron diferencias respecto de si el requisito debe ser obligatorio, quiénes deberían cumplirlo y cómo implementar su aplicación. El tema continuará en comisión.
Al hablar, Obreque remarcó que el objetivo es fortalecer la transparencia y la calidad parlamentaria mediante el aporte de datos e información objetiva al debate. Explicó que actualmente las iniciativas que crean programas, establecen beneficios fiscales o generan nuevas obligaciones para el Estado no requieren el acompañamiento de “algún cálculo de cuánto cuesta o cuánto se deja de recaudar respecto de ese proyecto en particular". En ese sentido, informó que la estimación de impacto presupuestario es una herramienta utilizada en otros parlamentos del mundo y en el Congreso de la Nación y señaló que la propuesta no crea una oficina específica dentro de la Legislatura sino que le asigna esa responsabilidad a cada legislador o legisladora y a sus equipos técnicos.
A su turno, Monzani detalló que el proyecto surgió a partir del tratamiento de una iniciativa sobre electrificación rural, en la que el análisis de costos realizado oportunamente por la diputada Obreque permitió comparar distintas alternativas de inversión. En ese sentido, advirtió o que muchas veces la Legislatura debate iniciativas sin contar con información económica suficiente sobre su implementación.
En tanto, el diputado Claudio Domínguez (MPN) propuso reformular la propuesta como un proyecto de resolución y aplicar el requisito a todos los proyectos que tengan giro a la comisión de Hacienda y Presupuesto (B), independientemente de quién lo presente. En ese sentido, opinó que la herramienta debería abarcar a todos los proyectos con impacto presupuestario, incluidos los remitidos por otros poderes del Estado y organismos.
El diputado César Gass (JxC-UCR) expresó reparos respecto del carácter obligatorio de la propuesta, al considerar que podría transformarse en una limitación para la presentación de iniciativas, y sugirió que la incorporación sea optativa. Asimismo, criticó la falta de reglamentación de leyes por parte del Poder Ejecutivo, situación que equiparó a una especie de "veto", y planteó la necesidad de garantizar que los proyectos que obtienen preferencia en el recinto sean incorporados al orden del día y tratados por las comisiones-
Desde Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz coincidió en la importancia de incorporar herramientas que mejoren el análisis de las iniciativas pero advirtió que la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los pedidos de informe limita la posibilidad de contar con la información para elaborar los cálculos que propone la iniciativa. También consideró que la obligación debería alcanzar a todo el que presente un proyecto pero puso en duda su viabilidad práctica. Por otro lado, el criterio de tratamiento de los expedientes en comisión y reiteró el pedido de debate del proyecto sobre declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios.
Por su parte, el diputado César Parra (PTS-FIT-U) enmarcó la iniciativa en la orientación del gobierno nacional de déficit cero y sostuvo que ese tipo de propuestas "buscan ser un ariete contra los reclamos populares". También señaló que el proyecto podría funcionar como un protocolo de trabajo para la comisión B
Qué dice el proyecto
El proyecto alcanza a las iniciativas que creen programas, organismos, subsidios o beneficios a cargo del Estado; los que modifiquen regímenes vigentes o fijen exenciones, reducciones, desgravaciones o tributos; los que reformen estructuras de personal de la Administración Pública o generen incrementos salariales; las autorizaciones de operaciones de crédito público o avales del Estado provincial y los que afecten fondos de afectación específica del Tesoro provincial.
La estimación del impacto presupuestario se adjuntará como anexo al proyecto y contendrá, con el mayor detalle posible, la identificación del tipo de gasto, sus posibles fuentes y el universo de beneficiarios alcanzado, entre otros aspectos.
El articulado aclara que dicha estimación no tendrá carácter vinculante respecto del resultado del debate legislativo ni condiciona el sentido de los votos. Su finalidad será informativa y tendrá como objetivo contribuir a la deliberación parlamentaria fundada en información presupuestari a transparente.
Aquellos proyectos que no cuenten con lo dispuesto por la norma, serán admitidos con observación y su autor tendrá un plazo de diez días para subsanar la omisión. La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas no podrá emitir despacho hasta tanto se subsane la omisión, salvo que, por mayoría de sus miembros, resuelva expresamente dispensar dicho requisito dejando constancia fundada en el despacho.
Neuquén, 4 de agosto de 2026.