Presentaron un proyecto de ley para crear un Juzgado de Primera Instancia con competencia en materia ambiental en toda la provincia. Se trata de una iniciativa particular impulsada por los ciudadanos Juan Mariano Iturbide y Martín Pedemonte que impulsa la creación de un organismo judicial especializado en la resolución de conflictos vinculados con la protección del ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y el daño ambiental colectivo.
La propuesta establece que el nuevo juzgado podrá intervenir en acciones destinadas a prevenir, detener, recomponer o reparar daños ambientales, así como en procesos vinculados con la contaminación del agua, suelo y aire; residuos; recursos hídricos; bosques nativos; áreas naturales protegidas; biodiversidad y actividades que puedan generar impactos sobre el ambiente. La competencia también comprende medidas urgentes destinadas a evitar o reducir afectaciones ambientales.
En el caso de las actividades hidrocarburíferas, mineras, energéticas y extractivas, el organismo intervendrá cuando el reclamo tenga como objeto principal una cuestión ambiental y corresponda a la jurisdicción provincial. El proyecto aclara que la creación del juzgado no modifica las competencias administrativas, penales, civiles, comerciales o laborales existentes ni las que correspondan a la Justicia Federal.
El proyecto prevé la creación de un Cuerpo Técnico Interdisciplinario Ambiental integrado, según las necesidades de cada caso, por especialistas en áreas como geología, hidrología, química, biología, ecología, ingeniería, agronomía, toxicología y sistemas de información geográfica.
La propuesta contempla además el uso de expediente digital, audiencias remotas, videoconferencias, imágenes satelitales, sensores remotos y sistemas de información geográfica. Para facilitar el acceso desde distintas localidades, el TSJ podrá implementar mecanismos descentralizados y utilizar oficinas judiciales ya existentes en el territorio provincial.
Por otro lado, incorpora un anexo específico sobre justicia animal y protección de la fauna, que contempla medidas urgentes ante situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad de animales domésticos, cautivos o silvestres. Incluye casos de maltrato, crueldad y abandono, así como cuestiones relacionadas con fauna silvestre, especies protegidas, caza y pesca furtiva y destino de animales rescatados.
Entre sus fundamentos, los autores señalan que los conflictos ambientales requieren con frecuencia conocimientos científicos y técnicos específicos y respuestas preventivas o urgentes. Como antecedentes provinciales mencionan la creación, en 2018, de la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales y el Protocolo para la Gestión de Conflictos Ambientales con Enfoque Restaurativo puesto en funcionamiento por el Ministerio Público Fiscal en 2026. También recuerdan un proyecto presentado en la Legislatura en 2008 para crear un juzgado y fiscalías ambientales.
Además, toma como referencia la experiencia de Chile, que cuenta con tribunales especializados en la materia, y vincula la propuesta con la reciente implementación del Código Procesal Civil Adversarial de la provincia.
El proyecto (18542) ingresó por Mesa de Entradas el 13 de agosto.