Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley con el objetivo de regular las actividades financieras y patrimoniales de las entidades religiosas para garantizar la transparencia y prevenir el lavado de activos, la evasión fiscal y la administración fraudulenta. La iniciativa fue presentada por el ciudadano Juan Iturbide.
Según el proyecto, la normativa se aplicará a aquellas organizaciones que perciban aportes estatales, posean bienes registrables o registren gastos anuales superiores a los 500 salarios mínimos mediante la identificación del origen y destino de los fondos y auditorías independientes.
El iniciativa propone herramientas concretas como la identificación del origen y destino de los fondos, la presentación de información contable, la realización de auditorías independientes y una adecuada fiscalización. Según el autor, estas medidas permitirán prevenir delitos económicos sin establecer distinciones basadas en la religión profesada, al mismo tiempo que ayudarán a preservar la imagen de las propias instituciones ante la comunidad.
Finalmente, el impulsor de la norma aclara que la iniciativa no pretende interferir en las creencias, los dogmas ni las prácticas de culto de ninguna organización. Por el contrario, hace hincapié en el propósito exclusivo de establecer mecanismos de trazabilidad sobre aquellos recursos económicos cuya administración, por su volumen o naturaleza, pueda generar riesgos para el interés público o sea percibida por la sociedad bajo condiciones de opacidad.
El proyecto de ley (18684) ingresó por Mesa de Entradas el 2 de octubre de 2026.