Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para garantizar el pago oportuno a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) provinciales. La iniciativa, presentada por el ciudadano Pedro Ricardo Reyes, busca fortalecer la continuidad económica de las MiPyMEs, proteger el empleo y establecer mecanismos de pago eficientes dentro de las competencias del ámbito provincial.
El proyecto propone la creación del Régimen Provincial de Pago Oportuno a MiPyMEs. Esta norma fijará un plazo de pago de 30 días corridos en las relaciones jurídicas alcanzadas. El autor señala que el propósito central es dotar de previsibilidad y liquidez al sector. De este modo, se evitará la transmisión de costos financieros por retrasos de cobro y se resguardará la cadena de proveedores.
Según Reyes, indica que la protección abarcará a sectores diversos como industria, comercio, construcción, agro producción, turismo, ciencia y tecnología, salud, servicios profesionales, minería y energía, entre otros. Por lo cual sostiene que el tipo de actividad no es un requisito excluyente. En tanto, podrán acceder todas las personas humanas o jurídicas con actividad en la provincia que acrediten su condición de MiPyME mediante certificado nacional vigente o documento equivalente. Además, el texto contempla vías simples de acreditación para las unidades productivas de reciente creación.
En sus fundamentos, explica que una firma puede sufrir crisis de liquidez severas debido a la mora de sus clientes, aun cuando tenga contratos vigentes. Los retrasos en los cobros no suspenden las obligaciones básicas de las empresas, tales como salarios, tributos, alquileres e insumos. Además, esta asimetría genera endeudamiento, postergación de inversiones y reducción de personal. Debido a que las MiPyMEs integran cadenas extensas, el impacto de un atraso se propaga con rapidez de manera transversal en la economía local.
Aclara que la medida no se restringirá a la actividad hidrocarburífera. Si bien Vaca Muerta es una referencia relevante por la dimensión de su cadena de contratistas, la vulnerabilidad del capital de trabajo atraviesa a toda la provincia. El texto enfatiza que el volumen de producción general no se traduce de forma automática en estabilidad financiera para cada eslabón de la cadena.
Asimismo, sostiene que el proyecto aborda la disparidad de poder entre los grandes contratantes y las pequeñas empresas. Por esto, el plazo de 30 días corridos funcionará como un estándar claro. Para asegurar su eficacia, se regulará una secuencia verificable desde la entrega del bien o servicio hasta el desembolso final, con circuitos transparentes para la recepción de comprobantes y certificaciones.
En otro tramo del texto, destaca que la iniciativa posee sustento constitucional en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución provincial, los cuales promueven el comercio local y protegen el entramado productivo frente al abuso del poder económico. También se articula con la ley 2141 de administración financiera, la ley 3338 de fortalecimiento de la cadena de valor neuquina y la ley 3502 de promoción de inversiones. Finalmente, el diseño de la norma respeta de manera expresa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley nacional 27.742, a la cual la provincia adhirió mediante la Ley 3491, por lo que no añade gravámenes locales ni condiciones incompatibles para los Vehículos de Proyecto Único.
El proyecto de ley (18815) ingresó por Mesa de Entradas el 10 de noviembre de 2026.